Número 211  //  19 de Mayo de 2003  //  18 Rabi Al-Awwal 1424 A.H.

 ACTUALIDAD INTERNACIONAL

Discriminación en la legislación israelí

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Artículo 26

“Toda persona es igual ante la ley y tiene derecho sin discriminación alguna a idéntica protección ante la ley. A este respecto la ley prohibirá cualquier discriminación y garantizará a toda persona idéntica y efectiva protección contra la discriminación por raza, color, sexo, lengua, política o diferencia de opinión, nacionalidad, origen social, riqueza, nacimiento u otra condición.” Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CIDCP).

A pesar de la ratificación israelí del CIDCP y su garantía de proteger a la totalidad de sus ciudadanos contra la discriminación, los ciudadanos árabe palestinos en Israel sufren diversas formas de discriminación y la negación de sus derechos individuales debido a su origen. Aunque esta discriminación tiene un motivo político, el sistema legal israelí forma parte de este contexto político. Además de ofrecer pocas opciones para la igualdad o participación política a los miembros de la minoría árabe palestina, la legislación israelí los somete a tres tipos de discriminación: discriminación contra los no-judíos dentro de la misma ley, discriminación indirecta a través de leyes “neutrales” y criterios que aplica principalmente a palestinos, y discriminación institucional a través de una estructura legal que permite un recurrente sistema de privilegios[1].

El “estado judío y democrático”

La declaración de independencia en 1948 definió a Israel como un estado judío y democrático, comprometido en la “acogida de los exiliados”, y para garantizar la igualdad a todos sus ciudadanos. Sin embargo Israel se define como judío, lo cual desvaloriza y compromete su calificación como democrático.

La calificación de Israel como estado judío descansa sobre tres condiciones irrenunciables: el lugar donde los judíos forman la mayoría, el lugar donde los judíos tienen derecho a un tratamiento especial y a una legislación favorable, y donde existe una relación recíproca entre Israel y los judíos de la diáspora. Sin embargo con estas condiciones, la minoría árabe palestina es a la vez excluida y discriminada: por los privilegios de los judíos y el tratamiento por parte del estado como ciudadanos de segunda clase.

Igualdad constitucional

Israel no tiene una constitución formal, sino que ha diseñado una serie de Leyes Básicas que forman una constitución en evolución. Antes de 1992, ninguna de estas Leyes Básicas garantizaba ningún derecho fundamental. Sin embargo, en 1992 se aprobó la Ley Básica en la cual se garantizaba la dignidad humana y la libertad[2], lo cual autorizó posteriormente a los tribunales a devolver al Knesset las leyes que fuesen contrarias al derecho a la dignidad, la vida, libertad, privacidad, propiedad y el derecho a entrar y salir del país.

En cualquier caso, ello no incluye el derecho a la igualdad. Además, la sección 1 A de la ley establece que pretende asegurar “los valores del estado de Israel como un estado judío y democrático”. Dada la falta de una ley explícita que garantice constitucionalmente la igualdad para todos los ciudadanos, este énfasis en la judeidad del estado vuelve a comprometer el derecho a la igualdad de la minoría Árabe Palestina.

“El sueño sionista es construir un estado que sea tan judío como inglesa Inglaterra y francesa Francia. Y que al mismo tiempo sea una democracia de corte occidental. Evidentemente, estos objetivos son incompatibles. Los ciudadanos de Francia son franceses y, pero los ciudadanos del estado judío pueden ser no judíos, bien por su origen étnico o religioso, o simplemente por elección... Desde el momento que Israel es un estado judío, no puede ser un estado democrático.”Noam Chomsky[3]

Participación política

El derecho de los árabes palestinos a participar en las elecciones al parlamento israelí, la Knesset, se encuentra también limitado por la aceptación de la noción de estado judío. Estas limitaciones se encuentran expresadas en la Ley de Partidos Políticos (1992) y en particular, la enmienda 7A (1) de la Ley Básica: La Knesset impide la presentación en las elecciones de candidatos cuyos partidos sugieran “la negación de la existencia del estado de Israel como el estado de los judíos”. Según esta sección, un partido que desafíe el carácter judío del estado, que por ejemplo reclame la igualdad completa y total entre judíos y árabes en un estado para todos sus ciudadanos, puede ser descalificado, como algunas listas lo han sido en el pasado[4]

“Ello implica que en un nivel decididamente esencial no existe una igualdad real entre árabe y judío en Israel. El estado es el estado de los judíos, tanto de aquellos que residen en el país como de los que lo hacen fuera de sus fronteras. Incluso si los árabes tuviesen los mismos derechos en los restantes niveles, existiría un indicador de significado inequívoco: Israel no es su estado.”

David Kretzmer, UN human Rights Committee Member[5]

Discriminación directa

Existen dos ejemplos de leyes discriminatorias contra los árabes palestinos por medio de la distinción directa entre judíos y gentiles:

Derechos de ciudadanía y a Ley de Retorno: La identidad nacional es el principal factor de decisión para la adquisición de la ciudadanía en Israel. La ley de Retorno garantiza a todo judío el derecho a emigrar a Israel. La ley de Nacionalidad concede automáticamente la ciudadanía a todo judío que haya hecho esto, tanto a ellos como a sus esposas, hijos, nietos y todas sus esposas. Este privilegio es para judíos únicamente. Los árabes palestinos sólo pueden adquirir la ciudadanía por nacimiento, residencia (tras reunir una larga lista de condiciones) o naturalización.

Estatuto especial de las organizaciones judías: La Fundación Judía Nacional, la Agencia Judía, y la Organización Sionista Mundial tienen en Israel un especial estatuto constitucional y son tratadas como organizaciones quasi-gubernamentales. Son organizaciones judías cuyo único objetivo es beneficiar a los judíos, pero poseen autoridad para realizar ciertas funciones gubernamentales, incluyendo el desarrollo de proyectos de reparto de tierras, viviendas y asentamientos. Sus proyectos se coordinan con el gobierno y reciben beneficios fiscales, y poseen gran influencia en los órganos de decisión (particularmente en agricultura y utilización de la tierra).

La minoría árabe palestina es excluida por completo de estas funciones tanto como beneficiarios como participantes. Es más ninguna organización gubernamental realiza las mismas funciones para los no judíos. Por lo tanto, las necesidades de los árabes palestinos se encuentran sistemáticamente desatendidas.

Discriminación indirecta

Más extendido se encuentra el uso de criterios de “no-discriminación” en los estatutos que llevan adelante las diferencias en el tratamiento entre judíos y la minoría árabe palestina:

Servicio militar: Muchos beneficios y preferencias gubernamentales en Israel se encuentran supeditados al cumplimiento del servicio militar. Mientras el servicio militar es técnicamente obligatorio para todos los ciudadanos, por regla general la inmensa mayoría (90%) de los árabe palestinos no son llamados al servicio; mientras que la mayoría de los judíos lo son. Como consecuencia, ellos no reciben un buen número de beneficios, incluyendo hipotecas más ventajosas, exenciones fiscales y trato de favor en la consecución de empleo público y vivienda. El factor discriminatorio es que en muchos casos el vinculo entre el beneficio ofrecido y el requerimiento para el servicio militar es muy débil, como en el caso de las ofertas de trabajo, y que las oficinas del gobierna dan facilidades más allá de lo que ha sido legislado. El ejemplo más conocido de esto fue el nivel de las ayudas gubernamentales por niño, que hasta 1997 estuvieron condicionadas al servicio militar, más que por factores socioeconómicos.

La impresión de que esto es un mecanismo para privilegiar a los judíos es apoyada por el hecho de que los estudiantes judíos de la secta Yeshiva, quienes como los ciudadanos árabes no sirven en el ejército, tienen garantizados los beneficios de todas maneras, una política que ha sido mantenida por el parlamento[6].

Lugar de residencia: El gobierno divide el país en diferentes zonas y adjudica diferentes estatus y beneficios a distintas ciudades. Por ejemplo, designa ciertas áreas como áreas de desarrollo nacional, a las que convierte en adecuadas para recibir distintos beneficios, incluyendo beneficios fiscales especiales para la industria, programas educacionales, e iniciativas a favor de la vivienda. Estas zonas se determinan siguiendo supuestamente criterios socioeconómicos. Aunque las zonas han sido trazadas para contener un número desproporcionadamente mayor de localidades judías que árabo palestinas.

Por ejemplo, en la clasificación de 1998, de las 429 localidades que se clasificaron como áreas de desarrollo, sólo 4 fueron árabes, a pesar del hecho de que las ciudades y pueblos árabes se encuentran sin excepción en lo más bajo de la escala socioeconómica. Esta clasificación fue utilizada para excluir a la inmensa mayoría de la población árabe palestina de estos beneficios.

Discriminación institucional

La minoría árabe palestina en Israel es discriminada por aspectos del sistema legal que permiten al gobierno adoptar políticas discriminatorias, o uso discrecional del poder que permite a los funcionarios mantener un diseño sistemático de preferencias.

Asignación de presupuestos y recursos: La ley de presupuesto, que provee al estado, no especifica que proporción debe ser destinada a las minorías; la decisión depende del criterio de los funcionarios. Debido a su falta de representación en las oficinas gubernamentales, los árabes palestinos reciben unos recursos sustancialmente menores para los gobiernos locales (normalmente un 50%), y tienen menos recursos destinados a los presupuestos de asistencia social, equipamientos escolares u otro tipo de programas educativos. Esta desigualdad se explica por la realización de proyectos gubernamentales en cooperación con la Agencia Judía, con lo que únicamente hay beneficiarios judíos[7].

Desigual cumplimiento de la ley: Hay tres maneras en que el cumplimiento de la ley afecta adversamente a la minoría árabe palestina:

1) Derechos que se espera que proteja el estado es estado, o servicios que este debe proporcionar pueden simplemente no ser ejecutados en las comunidades árabe palestinas, tales como la ley de educación obligatoria, y proporcionar funcionarios y consejeros, a pesar de que los estudiantes árabes son el 75% de aquellos que abandonan los estudios en todo el país.

2) Las leyes que se aplican a ambas comunidades, árabe y judía, pueden ser selectiva y predominantemente aplicadas a los árabes palestinos, tales como las leyes de confiscación de tierras o de demolición de casas.

3) Las leyes pueden ser ejecutadas con diferente criterio según sea para árabes o judíos, tales como criterios para la asistencia familiar en programas educacionales o cuotas de producción en agricultura. Frecuentemente las diferencias en las cuotas son mantenidas debido a la falta de representación árabe en las autoridades con poder de representación.

La revisión judicial de esta discriminación institucional es limitada. Hasta la fecha, no hay ninguna causa judicial en la que la Corte Suprema haya aceptado un caso de discriminación contra la minoría árabe palestina y sentenciado para proteger sus derechos. Esta generalmente acepta la pretensión del estado de que sus políticas sirven a las prioridades nacionales y por lo tanto no son discriminatorias, o que el diferente tratamiento entre árabes y judíos es legítimo, ya que ellos son grupos diferentes[8]. Incluso cuando la discriminación histórica es admitida, la corte no arbitrará para cerrar la brecha, arguyendo que la responsabilidad descansa en el poder de decisión del ejecutivo.

Propuestas de actuación

Israel debe emprender una revisión de toda sus legislación empezando con las leyes detalladas en este informe, para asegurarse de que cumplen sus obligaciones de acuerdo con el artículo 26 del CIDCP, y proteger de la discriminación de manera efectiva a todos los ciudadanos.

En particular, Israel debe diseñar una ley básica que consolide de manera explícita el derecho a la igualdad.

Más allá de la legislación, Israel debería llevar a un completo reajuste de las políticas de su ministerios tanto parra eliminar un modelo de discriminación institucional contra la minoría árabe palestina, y proporcionar igualdad en términos de asignación presupuestaria.

Más importante, Israel debe encontrar la política para lograr cambiar y trabajar en pro de la total igualdad de sus ciudadanos.

Más información

D. Kretzmer, “The legal Status of the Arabs in Israel”, Westwiew Press, 1990.

“Legal Violations of Arab Minority Rights in Israel”, Adalah, 1998.

HRA & F. Mc. Kay, “The Social Economic & Cultural Rights of Minorities: The Palestinian Arab Citizens of Israel” (HRA, 1998).

Notas:

[1] Para un detallado análisis ver Kretzer, “The Legal Status of the Arabs in Israel” Westwiew Press, 1990, pg. 48.

[2] En 1992 la Legislación Básica: Libertad de Ocupación fue igualmente aprobada.

[3] “Forward to The Arabs in Israel”, citado en Adalah, “Legal Violations of Arab Minority Rights in Israel, Adalah , 1998, pg. 9.

[4] Por ejemplo, El-Ard v. comisario de distrito, 18 PD II 340 & Sabri Jiryis v. comisario de distrito, 18 PD IV 673, Yerdor v. comité de elecciones central, 39 PD II 233. Es cierto que desde que esta enmienda entró en vigor ninguna lista ha sido descalificada siguiendo la sección 7A (1), pero en cualquier caso el poder legal continua allí para ser utilizado.

[5] Kretzmer pp. 42-43.

[6] Por ejemplo, Wattad v. ministro de economía, 38 PD III 113.

[7] Por ejemplo, los programas educacionales de Shahar ofrecidos a estudiantes discapacitados, en los que han participado un tercio de los estudiantes israelíes, no fue ofrecido hasta 1998 a ninguna comunidad árabe.

[8] Por ejemplo, Wattad, o Bourkan v. Ministro de finanzas 32PD II 800, Agbariah v. Ministro de educación 45 PD 222.

 

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